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Pese a reformas, persisten obstáculos al debido proceso: derechos humanos capitalina

Por Angélica Guerrero López

México, 11 Jul .- Pese a las reformas sustantivas al sistema penal, persisten violaciones al debido proceso que no permiten llegar a la verdad y alcanzar la justicia, afirmó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.

“Todos tenemos derecho a un debido proceso; es fundamental para nuestras garantías de seguridad, y con un sistema que no es rígido en esa parte, todos estamos expuestos”, subrayó durante el foro Por las víctimas del sistema penal mexicano.

En el sistema penal se padece de distintas formas, tanto por víctimas como victimarios, ya que se ponen en juego los derechos de acceso a la justicia, igualdad de ejercicio, debido proceso y ejecución de la pena con estándares de derechos humanos.

“Cuando tú utilizas métodos como la tortura para, supuestamente, sacar una declaración, nunca vas a saber si fue por la tortura que esa persona dice que cometió el delito”, advirtió la comisionada.

En el evento, la magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, titular de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes en el Tribunal Superior de Justicia capitalino, reconoció que los ministerios públicos desconocen cuáles son los instrumentos y mecanismos del actual sistema, debido a la falta de capacitación de operadores.

En ese sentido, enfatizó que es importante implementar la legislación y sensibilizar el derecho penal para que sea más humano. “Los jueces de primera y segunda instancia tenemos la obligación de ser sensibles y tenemos la obligación de evitar a toda costa lo que es la impunidad”.

En su oportunidad, José Manuel Vargas Bernal, presidente de la Comisión de Atención a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, aseguró que se realizará un esfuerzo con los diputados locales para corregir y mejorar el actuar de las instituciones.

Asimismo, recordó que las reformas publicadas en 2008, por las que se conformó el nuevo sistema penal y el modelo de impartición de justicia en el país, incluyeron la introducción de juicios orales, además de privilegiar la presunción de inocencia, el debido proceso y la reparación del daño.

 

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