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Miércoles, 17 de julio de 2019 | Año XIX | No: 6805 | CEO: Francisco J. Siller | Dirección General: Rocio Castellanos Rodríguez

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updated 7:55 PM CDT, Jul 21, 2019
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Seguridad pública y sistema penal acusatorio

Magistrado. Elfego Bautista Pardo


Elfego Bautista PardoEs evidente que el tema de seguridad motiva la opinión de todos. Nadie puede sustraerse al acontecer del día a día. Ante ello, estimamos propio dialogar con distintos actores de la academia, la práctica profesional o el servicio público, para que, con la suma de sus opiniones -todas muy respetables-, la comunidad pueda normar su criterio acerca de tan compleja problemática.

En una primera apreciación, nos comentan, es indispensable separar los temas de seguridad pública e investigación, pues no son un todo, como podría parecer. La forma de diferenciar ambos temas es considerar el antes y el después de la comisión del delito, y que lo que deje de hacerse en seguridad pública impacta en el inicio de una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público.

Además de lo anterior, separar las competencias del orden común y el federal, con los que, contrario a lo que afirman, no es posible hacer ‘mixtura’, pues al acudir ante el juez, cada autoridad tiene su propia competencia y, en la actualidad cotidiana, genera la atención que la ley orgánica de cada institución le otorga. Desde luego, esto no quiere decir que haya aislamiento entre las autoridades, no exista comunicación ni coordinación para sumar esfuerzos y alcanzar resultados en beneficio de la población.

El profesor Palemón Alamilla Villeda, académico de proceso penal, corrobora lo anterior y estima que no es posible ‘cargar a la cuenta’ del sistema penal acusatorio la problemática de seguridad, precisa que el modelo acusatorio se rige por la presunción de inocencia y el imputado debe estar en libertad en tanto no se trate del trámite del proceso con prisión preventiva oficiosa o justificada.

Al respecto es importante no perder de vista dos cosas:
- La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de suspensión condicional del proceso, en los términos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, enfrenta mayor dificultad para el cumplimiento de su actividad en las grandes ciudades, sin que esto quiera decir que su función no sea posible; es mayor el reto, como mayores serán los recursos humanos y materiales que dispondrá para tal fin. Es más compleja su tarea, pues no es lo mismo dar seguimiento a una persona que sigue su proceso en libertad, en una población pequeña, que en la colonia de una metrópoli. Además de que es un tema de carácter cultural -tanto en la pequeña población como en la urbe- el regresar ante el juez para cumplir una obligación procesal.

- La complejidad de la problemática en los centros penitenciarios; no podemos decir que México esté exento de la múltiple, y a veces incontrolable, situación caótica que ahí se genera. Los llamados “universidades del crimen” reciben a un jovencito que robó uno objeto de menor valor y, al salir, después de algunos meses, va en busca de ‘algo’ mayor, pues ya se codeó con personas de mal vivir que le dieron todos sus ‘cursos’ y está deseoso de mostrar sus ‘alcances’. En tanto, en los presupuestos de los gobiernos se asfixia el gasto que requiere atender a la población carcelaria.

Entonces, ante la disyuntiva de incrementar los gastos en los centros de reclusión, por la creciente población carcelaria, o invertir en la consolidación de la autoridad que supervisa el cumplimiento de las medidas cautelares, pareciera de mayor trascendencia social optar por lo segundo. Y es de mayor relevancia, pues el modelo carcelario pareciera estar superado.

Dentro de las políticas públicas que implementó el actual gobierno de México, advertimos la preocupación por darles a los jóvenes herramientas formativas, para alejarlos del ocio y aislarlos de los grupos delictivos. Lo anterior, con mayor atención a la prevención (que no se asocia al castigo) del delito, que a la represión (como la reclusión). No se debe soslayar que, lamentablemente, los jóvenes son recurrentes en conductas delictivas que lastiman a la sociedad, y de aquí que la reorientación es por demás necesaria.

Es indispensable, insiste el académico Alamilla Villeda, señalar que “el hecho de que la persona a la que se imputa la comisión de un delito, esté privada de su libertad, es lesivo para su integridad y atenta contra los derechos más elementales; en esta situación convergen los temas de cultura que debemos fomentar, pues no podemos vivir en el subdesarrollo y sin madurez cívica; además, el trámite del proceso en libertad no es sentencia absolutoria, es un reto para la Procuraduría / Fiscalía, pues debe lograr la sentencia condenatoria en igualdad de derechos procesales y dentro del plazo para la acusación y el desarrollo del juicio con formalidad legal.”

Insistimos atentos, que todas las opiniones son respetables, escuchémoslas, conozcamos los numerosos ‘escenarios’ que hay en torno de los temas sobre seguridad pública y sistema penal acusatorio; todo ello dentro de la diversidad propia de la muy necesaria pluralidad que ya se percibe en nuestro país, que se transforma.

Así es el Derecho.

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