Domingo, 24 de enero de 2021 | Año XXI | No: 7362 | CEO: Francisco J. Siller | Dirección General: Rocío Castellanos Rodríguez

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¡No me ayudes compadre!

Francisco J. Siller

Paco SillerEs realmente grave que se implique la campaña de Andrés Manuel López Obrador con la compra de facturas para justificar gastos de la campaña presidencial de 2018 y podría ser indicio de la opacidad con que se manejaron las finanzas al interior de Morena.

Hasta ahora van dos casos cercanos al presidente. Su secretario particular y su Coordinador de Comunicación Social y vocero del gobierno. Claro que esto no es nada más que las campañas de los conservadores, enemigos del régimen para descarrilar a su gobierno, como lo sostiene desde el púlpito mañanero.

Pero no, nada tienen que ver esos que todos los días lo critican. Fue el SAT era que vino a exponer a las empresas con las que Morena tenía tratos y no los pasquines que según él han instrumentado una campaña de desprestigio contra él, porque no le aplauden y le queman incienso, por usar sus propias palabras.

Andrés Manuel López Obrador debe explicar de frente a la nación y sin sus acostumbradas mentiras y apreciaciones subjetivas y sin comprobación, como se llevó el manejo de las finanzas de sus tres campañas presidenciales y más aún de lo que ha vivido desde que dejo la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Esto solo es la punta del iceberg que se asoma y que da al traste al discurso de anticorrupción que impera en la fallida Cuarta Transformación, repetido hasta la saciedad con la esperanza de que la mentira se convierta en verdad. De lejos se ve que este gobierno es tan corrupto como los que le precedieron.

Cuando el SAT dio a conocer la lista de facturaras incluyó a Ligieri de México, S.A de C.V., Estrategia de Negocios y Comercio, S.a. de C.V. y Benafak, S.A. de C.V., nunca tuvo intención de exponer a empresas que tuvieron tratos con la maquinaria electoral de López Obrador, que al adquirir facturas de dichas empresas en 2018 y 2016 para luego presentarlas al INE, para justificar gastos de campaña.

Esta situación se revierte y golpea directamente a la figura presidencial y expone a  la luz pública los grandes negocios y un posible fraude con las aportaciones del gobierno y de particulares para llevar a López Obrador a la Presidencia de la República.

Entonces, el presidente tiene la obligación de tomar cartas y en realidad limpiar de corrupción sus círculos más cercanos que se sienten intocables. Eso si en realidad él ignoraba esos malos manejos con el presupuesto electoral, si no, simplemente buscará echarles tierra y confiar en que con el tiempo se olvide.

Así como ha tratado otros casos, como el de Bartlett, doña Eréndira o de otros funcionarios de su administración y qué decir de su hermano Pío que recibía dinero en su nombre. Asuntos a los que se da carpetazo o que simplemente se ignoran y se buscan tapar con cortinas de humo, como ha sido la característica lópezobradorista.

Hoy que nombres como el de Alejandro Esquer Verdugo (secretario particular) y el de Jesús Ramírez Cuevas (vocero) —hombres con derecho presidencial de picaporte— y que se les implique en la compra de facturas pone en duda la honestidad de ese hombre que nos gobierna y presume de honestidad inmaculada.

Sin embargo podría caber la posibilidad —muy remota— que López Obrador desconociera los negocios que sus cercanos colaboradores han hecho en su nombre. De ser así sería de esperarse que no solo los corra, sino que les deje caer todo el peso de la ley. Incluido Pío.

Pero eso no pasará y todo seguirá igual. Esperará que pase la tormenta y continuará insistiendo que ello es producto de la campaña de desprestigio y de los tintes electorales que tienen aquellos que lo atacan y critican, mientras el país se le desmorona poco a poco. 

El SAT ha detectado que son alrededor de 3,083 firmas que buscaron los servicios de las factureras entre las que destacan General Motors, Grupo Posadas, Monex, club Atlante, Grupo Bimbo, Unilever México, Grupo Parisina, Sony Mobile, Lux Inteligencia y Modatelas. 

Ello sin contar a dependencias públicas entre las que destacan la UNAM, SEP, Secretaría de Salud, Conagua, gobierno de la CDMX, INAI, Capufe y la Lotería Nacional, además de gobiernos estatales y municipales, cuyo listado no se ha dado a conocer.

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