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Sábado, 21 de septiembre de 2019 | Año XIX | No: 6870 | CEO: Francisco J. Siller | Dirección General: Rocio Castellanos Rodríguez

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updated 5:37 AM CDT, Sep 21, 2019
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Datos duros, diagnóstico erróneo

Francisco J. Siller

Paco SillerLas políticas para el combate a la delincuencia organizada no están dando resultados. Más bien –la ausencia de ellas–, son la piedra en el zapato que lastima el andar de Andrés Manuel López Obrador. Su actitud de amor y no balazos no da resultados que den tranquilidad a la población, sobre todo cuando por el lado del crimen organizado, está la disyuntiva de plata o plomo. Corrupción y violencia van de la mano.

De que sirve el análisis de los datos duros –del día a día en el gabinete de seguridad–, cuando no hay acciones ni reacciones visibles. Solo un aspecto: Datos Oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que tan solo este año, las fuerzas armadas han sido agredidas por criminales en 126 ocasiones, produciendo la muerte de tres militares y otros cuarenta han resultado heridos.

Cierto es que esta es una de las cifras más bajas en los últimos 12 años –en 2011 se registraron 1,009 ataques con saldo de 40 muertos y 324 heridos–, pero no por ello deben ondearse las banderas del triunfo. Eso ocurre porque hay órdenes de los mandos superiores de la Sedena, de no enfrentar a los delincuentes, salvo en agresiones directas a las fuerzas armadas.

Sí hay un enfrentamiento entre criminales, por el control de las plazas, la presencia del Ejército, Marina y Guardia Nacional se da a toro pasado. No en el momento en el que la población requiere de la protección de las fuerzas de seguridad. Soldados y marinos llegan a hacer presencia Y ahí está el caso de Tepaltepec, Michoacán, donde se han registrado por lo menos cinco choques entre autodefensas y miembros del llamado CNGJ en los últimos días.

Fuentes castrences consultadas confirmaron esta instrucción de mantener al mínimo los choques de las fuerzas armadas con el crimen organizado. Por eso de las violaciones a los derechos humanos. Punto en extremo debatible. ¿Los derechos de quien, de los criminales o los de la población? Hay que cuidar la imagen del gobierno, que no se le acuse como al de Calderón o el de Peña Nieto de masacres y violaciones.

Pasaron ocho días del primer enfrentamiento, para que la Sedena enviara tropas a esa población de la tierra caliente de michoacán, ahí el saldo fue de 9 muertos y un mínimo de 11 heridos. Ocho días en que la población vivió en sosobra. Para muestra, un botón. Situaciones como ésta se repiten en el día a día en estados como Guanajuato, Michoacan, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. Y de la CDMX, ni se diga.

Cuantas veces hemos escuchado del presidente Andrés Manuel López Obrador que la violencia que azota al país es causa de la descomposición social y la inacción de los gobiernos que le antecedieron. Hoy a nueve meses del inicio de su gobierno el discurso sigue siendo el mismo. El fuego se combate con agua –o con fuego–, no con gasolina. Los carteles están actuando hoy con una impunidad que contrasta con los gobiernos panistas y el de Peña Nieto.

Desde el pasado 1 de julio de 2018, cuando AMLO ganó las elecciones presidenciales nos hemos cansado de escuchar de las masacres, ejecuciones y violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia iniciado por Felipe Calderón en 2006, como primer acto de su gobierno. Ahí es donde los números duros demuestran lo contrario.

Si tomamos como punto de partida el sexenio de Enrique Peña Nieto –con datos de la Sedena–, la delincuencia organizada estuvo involucrada en 61,234 asesinatos (entre ellos y contra la población), cifra que contrasta con el número de 1,167 delincuentes muertos por las fuerzas armadas en 2,171 enfrentamientos con las fuerzas armadas. Vale preguntar, pero no habrá respuesta: ¿Dónde entonces están esos delitos atribuidos a las fuerzas del estado?

Decir que se tienen otros números –contradictorios siempre– no es escusa para presentar diagnósticos equivocados. O con interpretaciones erróneas de las mismas cifras, para presentar un panorama alentador y poder decir que las estadísticas se van reduciendo, cuando en realidad aumentan. Precisamente por ello los números duros, son eso duros y no caben interpretaciones.

Coincido con el presidente López Obrador que la violencia y la delincuencia, tienen una relación directa con los grupos de adolescentes sin supervisión y las familias disfuncionales, además de otros aspectos relacionados con la descomposición social. Sin embargo, no bastan los programas sociales emprendidos por el gobierno y la repartición de dinero a diestra y siniestra.

En abril el presidente pidió paciencia, seis meses para empezar a ver resultados con la participación de la Guardia Nacional –que cuenta ahora con 56 mil de los 160 mil efectivos que pretende–, pero han pasado casi cinco meses y no se ven resultados claros, incluso en sitios donde esa corporación está, hay incremento en los índices criminales.

Siguen las masacres en centros nocturnos, en fiestas familiares, en las calles. Los enfrentamientos de los tres carteles más poderosos de México –el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el de los Arellano Félix– por el control de las plazas se dan sin que el gobierno pueda hacer algo para frenarlo.

Esa es una realidad que no puede ser ignorada en Palacio Nacional.

 

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