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Sin denuncias contra funcionarios tras elecciones

México, 16 Ago .- El subsecretario de la Secretaría de la Función Pública (SFP), José Gabriel Carreño Camacho, informó que de marzo al 15 de agosto no se registraron denuncias contra servidores públicos por conductas irregulares relacionadas con los procesos electorales. 

“Hasta el momento no hemos recibido ni una sola denuncia formal, donde se atribuya que un servidor público haya incurrido en cohecho, abuso de funciones, tráfico de influencias”, indicó.

Puntualizó que tampoco se tienen denuncias hacia algún particular, como candidatos, miembros de los equipos de transición o, incluso, representantes sindicales del sector público que hayan influido pidiendo beneficios para sí o para sus partidos políticos o cargo público.

Al participar en la presentación del libro “Monitor Democrático 2018. Para Legitimar la Elección Presidencial 2018: Cultura Cívica-Transparencia”, en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE), del cual es coautor, de un total de 60 participantes en esta obra, destacó los resultados satisfactorios del proceso electoral y la baja denuncia.

Informó que a través del Sistema de Denuncias Ciudadanas, abierta en la página Web de la SFP, se constató que a partir de marzo hasta el día de ayer (15 de agosto), se han recibido 150 denuncias y ninguna por falta administrativa, sino por delitos, por lo que se enviaron a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

“Es un número muy bajo, advertimos que no tienen que ver con incumplimiento de obligaciones o la comisión de alguna de las faltas administrativas, sino con conductas delictivas, de ahí que se tuvieron que turnar a la Fepade", subrayó.

Destacó que ello es muestra de que los resultados que se dan en este proceso democrático son erradicadores de los sistemas de coacción jurídica, o de la sanción y apuntó que las instancias como esta dependencia, poco a poco van a tener que traducir su función y dejar de ser inquisidoras, entes sancionadores, para convertirse en entes preventivos.

“En mecanismos de prevención para evitar que los servidores públicos incurran en faltas administrativas, en incumplimiento de sus obligaciones. La coacción jurídica sigue siendo necesaria, por supuesto, en este esquema, pero poco a poco se va a ir erradicando”, expuso.

Carreño Camacho explicó que la ley, la más reciente es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene un apartado de obligaciones que comprende faltas administrativas, incluso graves, y da la directriz para que el servidor público actúe con honradez, imparcialidad y transparencia.

También contempla que el incumplimiento de esas obligaciones lleva aparejada una investigación, se inicia un procedimiento y, en caso de comprobarse, se sanciona, puede ser desde una amonestación hasta la inhabilitación. 

Añadió que actualmente la ley es más amplia y considera no solamente la sanción a servidor público y en materia electoral, sino también a particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

Por su parte, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Javier Acuña Llanos, destacó la participación de este organismo con el Instituto Nacional Electoral y los comicios. 

Indicó que de manera selectiva y precisa, el INAI fue un factor de incidencia en el proceso electoral extenso de 2017 a 2018, a través de sus potencias y potestades como órgano inspector y vigilante de la transparencia de los partidos políticos.

Así como órgano inspector y vigilante de los propios organismos y autoridades electorales, y “no sólo desde el punto de vista del acceso a la información pública, sino con una potestad en el concurso de los cuidados institucionales que tenemos con respecto a las bases de datos más grandes, una situada en el INE, la más grande del país”, concluyó.

INFOMX/NTX/ERM/PSG

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