Lunes, 17 de diciembre de 2018 | Año XIX | No: 6592 | CEO: Francisco J. Siller | Dirección General: Rocio Castellanos Rodríguez

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La desaparición de poderes

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoEs usual que en este espacio toquemos temas controversiales, y en esta ocasión no será la excepción, ya que es imposible dejar pasar las recientes declaraciones del senador Félix Salgado Macedonio acerca de la posibilidad de utilizar la “desaparición de poderes” en los casos en que los gobernadores no se ajusten a las políticas de fiscalización de la aplicación de recursos federales y aun la de seguridad nacional que impulsa el Presidente electo.

Las palabras del senador Salgado alarmaron a muchos y se llegó a alegar quebrantamiento de los principios de federalismo y soberanía estatales convenidos en la Constitución federal; pero si vemos fríamente las cosas, lo que se pretende, por un lado, es verificar la correcta aplicación de los recursos federales y, así, eliminar o impedir, según el caso, el escandaloso mal manejo de los mismos en las entidades federativas; por el otro, recuperar la tranquilidad y la seguridad nacionales, partiendo de lo general a lo particular, evitar que continúen la violencia, el uso ilegal de la fuerza y el derramamiento de sangre en el país.; en resumen, respeto irrrestricto a los derechos humanos.
La desaparición de poderes es una facultad exclusiva de la Cámara de Senadores contenida en el artículo primero de la Ley Reglamentaria del artículo setenta y seis de la Constitución Federal. Éste establece la posibilidad de declarar “cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad federativa”, nombrar titular del Poder Ejecutivo provisional, que convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa.
El Presidente de la República propondrá al Senado una terna de candidatos, de entre los cuales las dos terceras partes de los presentes en el pleno, o, en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas, elegirán al sustituto, quien no podrá participar en las elecciones a que convoque.

La ley reglamentaria de este procedimiento establece con claridad que únicamente se configura la desaparición de los poderes de un estado cuando los titulares de los poderes constitucionales quebrantaren los principios del régimen federal; abandonen el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor; estén imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos; se presenten situaciones o conflictos causados o propiciados por los mismos poderes, que afecten la vida del estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico; prorroguen su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares; promuevan o adopten una forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.
Como se desprende de los motivos que harían posible la declaratoria de desaparición de poderes, sólo es procedente en caso de urgencia, y en búsqueda del bienestar en el Estado mismo y el fortalecimiento de la federación.
Este procedimiento fue utilizado en el México postrevolucionario por Obregón, Calles y Lázaro Cárdenas con la finalidad de estabilizar el país, y siempre se le consideró violatorio del federalismo y las Constituciones locales.
Hay propuestas en el sentido de que para evitar esa descalificación del desconocimiento de poderes, el numeral citado y su ley reglamentaria debieran ser reformados de modo que no entorpezcan las acciones de un gobierno con legitimidad sin precedente en la historia del país, condición que le dio el pueblo con el mandato fundamental de acabar con la corrupción que daña al país.
Claramente lo establece el artículo cuarenta de nuestra ley suprema que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, unidos en una federación.
Por lo visto, el Ejecutivo federal no pretende ir más allá de sus atribuciones o menoscabar el gobierno de cada una de las entidades federadas, sino combatir con eficacia la inseguridad, es decir recuperar la seguridad nacional, acabar con el derramamiento de sangre y con las violaciones a los Derechos Humanos, lo que hasta hoy no ha conseguido ningún gobierno estatal, e impedir que los recursos del ramo 23 sean manejados con la corrupción tan conocida y reprobada por el pueblo.
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