Sábado, 20 de octubre de 2018 | Año XVIII | No: 6535 | CEO: Francisco J. Siller | Dirección General: Rocio Castellanos Rodríguez

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FESTEJOS Y REESTRUCTURA

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoElfego Bautista PardoEl pasado nueve de julio cumplió sus primeros cuatro años de vida el partido político Movimiento de Regeneración Nacional Morena (Morena), el cual, más que el aniversario de su fundación, seguramente festeja los resultados favorables obtenidos el pasado día primero de este mes.
Y cómo no, si fueron la Presidencia de la República, con más del cincuenta y tres por ciento de sufragios; cincuenta y cinco senadores, ciento noventa y un diputados, las gubernaturas de Chiapas, Morelos, Veracruz y Tabasco, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, once alcaldías en esta capital e incontables diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías y concejales obtenidos mediante el apoyo popular a lo largo de nuestro hermoso país.
Debemos ver que Morena representará la primera fuerza política porque el primero de julio se convirtió en fiesta ciudadana a la que acudió número sin precedente de ciudadanos, que fue éxito en la vida democrática nacional también por la civilidad de los contendientes, la eficiencia de las instituciones y la contundencia de los resultados. Lógico que no todos los integrantes del sistema de partidos obtuvieron los resultados deseados y están en riesgo de perder su registro, tal es el caso de Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido Encuentro Social (PES).
En este contexto post electoral, son esenciales las acciones jurídicas de los partidos para mantener su registro o, en todo caso, las decisiones políticas para su reestructuración; debemos recordar que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo.
Aunque hace años las candidaturas independientes son forma de participación política asequible para los mexicanos, la realidad es que los partidos políticos se mantienen como centro del sistema electoral, mediante el cual la voluntad de los ciudadanos impone titulares de órganos de gobierno o de representación política, razón por la que su funcionamiento, eficacia y vida institucional deben estar siempre a la luz pública, sobre todo porque son financiados por el erario, del que con este objetivo recibieron para las pasadas elecciones, dos mil ciento cuarenta y ocho millones de pesos, cifra que implica su responsabilidad de cumplir los requisitos legales necesarios para continuar en la palestra política.

El artículo 41 constitucional establece que para mantener su registro, los partidos políticos, que actualmente son nueve: Revolucionario Institucional (PRI); Acción Nacional (PAN); de la Revolución Democrática (PRD); Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Nueva Alianza (Panal); Movimiento Ciudadano (MC); Encuentro Social (PES); Verde (PV) y del Trabajo (PT), están obligados a obtener cuando menos, tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones generales o parciales, lo que hasta hoy no consiguen el PES y el Panal y se encuentran en riesgo de perderlo.
El apoyo de los ciudadanos a los partidos políticos se concreta en la votación que reciben; si no reciben el mínimo, es justo que desaparezcan. Así se reduce el financiamiento público a partidos políticos, que sigue siendo tema sensiblemente rechazado por la sociedad mexicana, que no los considera representantes de sus intereses, incluso hay quienes se pronuncian por aumentar el porcentaje de sufragios indispensable para que conserven su registro, lo que significa que se quiere que cada vez haya menos.
En este contexto, resultan importantes las decisiones al interior de esas instituciones políticas, pero sobre todo el debate legislativo que haga posible que los existentes lo sean con beneplácito de la sociedad mexicana y, por ende, merezcan el financiamiento público.

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