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Sábado, 21 de septiembre de 2019 | Año XIX | No: 6871 | CEO: Francisco J. Siller | Dirección General: Rocio Castellanos Rodríguez

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updated 8:48 PM CDT, Sep 21, 2019
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Poderes legislativo y ejecutivo que sí escuchan

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoEn las últimas semanas el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México fue centro de las reflexiones y los foros de análisis relativos al mundo jurídico y empresarial, dado que disponía que los lanzamientos se llevaran a cabo sólo en casos excepcionales, privilegiaba el “derecho a una vivienda adecuada” y proporcionaba derechos como indemnización y reubicación en la misma zona a personas sujetas juicios de desahucio.

En este foro me referí al controversial tema por considerar que atentaba flagrantemente contra el derecho a la propiedad privada, también reconocido derecho humano en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de obstruir la impartición de justicia pronta y expedita y la ejecución de determinaciones judiciales.
Aunque la intención real de dicho artículo era defender el derecho humano a una vivienda digna y decorosa, contenido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de atacar otros derechos humanos era una forma de desincentivar la construcción de viviendas y la renta de las mismas, provocaba la disminución de créditos hipotecarios, tan usuales y necesarios en esta Metrópoli, la más habitada en el mundo.
Lo anterior provocó voces que, desde diversos ámbitos, se pronunciaran contra de dicha disposición. Personajes como la magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez, del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX y el diputado Eduardo Santillán Pérez, del Congreso local, fueron significativos para que el pasado viernes 31 de mayo el órgano legislativo de la ciudad modificara la disposición mencionada, a fin de no dejar de lado los derechos de propiedad y seguridad jurídica.
Esto no hubiera acontecido sin la participación de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien desde un principio manifestó firmemente su descontento con dicha medida y planteó la necesidad de legislar para garantizar la vivienda social sin vulnerar derechos de terceros.
Evidencia de que al fin tenemos poderes Legislativo y Ejecutivo que sí escuchan la voz ciudadana, es que las comisiones unidas de Derechos Humanos y Normatividad y Practicas Legislativas modificaron el contenido del artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos y sus Garantías para que ninguna persona pueda ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto, y que las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respeto al debido proceso y procurar en todo momento la mediación y la conciliación.
La nueva redacción cambia radicalmente el sentido del artículo, pues impone también respeto a la garantía de audiencia y el debido proceso para las personas a lanzar, y al mismo tiempo respeto a los derechos de terceros, da certeza a arrendadores, arrendatarios, constructores e incluso instituciones bancarias sobre el acato a la ley en esta ciudad.
En casos como éste debemos recordar que la labor legislativa y, en general, todo acto de poder estatal, debe cuidar en todo momento el respeto y la promoción de los derechos humanos en su conjunto.
La citada reforma cambia totalmente el sentido del artículo, pues ahora éste respeta la garantía de audiencia y debido proceso para las personas a lanzar, es decir respeta al mismo tiempo los derechos de arrendadores, arrendatarios, constructores e incluso instituciones bancarias, y les da certeza de acato a la ley en esta ciudad.
En casos como este debemos recordar que la labor legislativa, y en general todo acto del poder estatal, debe en todo momento cuidar el respeto a los derechos humanos en su conjunto y la promoción de los mismos, tomando en consideración constantemente los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Se actuó de acuerdo a la idea de que, parafraseando a la Jefa de Gobierno, es imprescindible legislar en materia de vivienda social y llevar a cabo políticas públicas que garanticen el derecho humano a una vivienda digna a todos los habitantes de la ciudad, y que para garantizar dicha prerrogativa y algunas otras de índole social, aún hay mucho por hacer, lo que se facilita porque –insisto-- ya tenemos Poderes Legislativo y Judicial atentos a la voz de los ciudadanos.
Gracias magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez, porque hizo ver el atentado a los derechos humanos que era el artículo 60 original; gracias doctora Claudia Sheinbaum, por sus observaciones; gracias diputado Eduardo Santillán por haber contribuido a la nueva redacción de ese precepto.

 

Así es el Derecho.

 

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