Jueves, 21 de marzo de 2019 | Año XIX | No: 6687 | CEO: Francisco J. Siller | Dirección General: Rocio Castellanos Rodríguez

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updated 4:14 PM CST, Mar 21, 2019
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Así es el Derecho

Así es el Derecho (9)

Día Internacional de la mujer

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoEl pasado ocho de marzo se conmemoró por cuadragésima cuarta ocasión el día internacional de la mujer, el que suele ser mal entendido como día festivo y se deja de lado su importancia como fecha para recordar las luchas de ellas a lo largo de la historia a fin de lograr el reconocimiento de sus derechos y que, lamentablemente, aún parecen necesarias en pleno siglo veintiuno.

Si bien hoy día la igualdad entre hombres y mujeres es realidad “legal” en la mayoría de Estados democráticos, debemos recordar que desde el inicio de las civilizaciones, ellas fueron consideradas con menores derechos que nosotros incluso entre las culturas más desarrolladas como la griega o la romana, y con menores capacidades por grandes pensadores como Rousseau y Hobbes, situación que todavía existe en diversas partes del mundo; de aquí que sea importante la existencia del “día internacional de la mujer”.

En México aún resta trabajo para lograr que los derechos de la mujer sean garantizados en todo el territorio, pese al reconocimiento constitucional de la equidad entre hombre y mujer; políticas y acciones como la inclusión de una cuota de género en la representación política y la impartición de justicia con perspectiva de género, aún existe violencia y discriminación, palpables en cosas tan simples como la brecha salarial reflejada en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el INEGI en 2018, la condición de las mujeres en comunidades indígenas y las cifras de feminicidios, que ascendieron a tres mil 607 el año pasado.

Según la Organización de las Naciones Unidas –ONU--, la finalidad de que existan días conmemorativos internacionales es sensibilizar, concienciar, llamar la atención hacia determinado tema, algún problema sin resolver, o asunto importante y pendiente en las sociedades, y que los gobiernos y los Estados actúen para resolverlo, o los ciudadanos así lo exijan a sus representantes.

El Día Internacional de la Mujer se conmemora el ocho de marzo porque desde mediados del siglo XIX ese mes enmarcó movilizaciones de féminas luchando por sus derechos, como su huelga en la industria textil de Estados Unidos en ese mes de 1857, y dos años después crearon su primer sindicato; la manifestación de quince mil mujeres en Nueva York el 8 de marzo de 1908, a fin de exigir recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y el fin del trabajo infantil, así como la terrible muerte el 25 de marzo de 1911, de más de cien trabajadoras inmigrantes en su mayoría, en el incendio de la fábrica textil Triangle Shirtwaist, de Nueva York, que protestaban por las precarias condiciones laborales.
Esa fecha conmemorativa fue instaurada en 1910 a iniciativa de la Conferencia de Organizaciones Socialistas del Mundo, en Copenhague, y fue vigente por primera vez el 19 de marzo de 1911, pero el mundo entero la adoptó desde que el 8 de marzo de 1975, éste fue declarado Año Internacional de la Mujer.
Pese a ese día internacional para honrar las luchas femeninas y la existencia de políticas a favor de lograr equidad real de la mujer respecto del hombre, en el mundo occidental aún hay acciones pendientes para lograrla, como velar por que todas las niñas tengan educación, que tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, poner fin a todas las formas de discriminación contra adultas y niñas en todo el mundo, eliminar todas las formas de violencia contra todas ellas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y el comercio sexual y otros tipos de explotación, y prácticas nocivas como el matrimonio infantil forzado y la mutilación genital femenina, según lo recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su publicación “Una lucha por la igualdad de género”.

El Día Internacional de la Mujer es marco ideal para pensar la situación de los derechos de la mujer en nuestro país y las acciones faltantes para garantizar la real equidad de género en un Estado en que la violencia y la discriminación son problema para gran parte de sus habitantes, sin distinción de sexo.

(Aprovecho la ocasión para reconocer la participación de señoras jueces y magistradas en la ceremonia organizada por el Instituto Mexicano de Estudios Superiores Universitarios (IMESU), con la colaboración de la magistrada Rosalba Guerrero Rodríguez, como parte de las efectuadas en el orbe para tener fresca en la mente de la Humanidad la historia de sacrificios y victorias de las mujeres para conseguir derechos e igualdad frente a los hombres. Fueron oradores la magistrada Celia Marín Sasaki y el diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México.)


Así es el Derecho.

Guardia Nacional

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoProporcionar seguridad a los habitantes del país es quizá la labor más importante del Estado, el que a fin garantizar realmente los derechos y libertades individuales, debe ser capaz de crear las condiciones para que todos los ciudadanos desarrollemos nuestras actividades diarias: transportarnos, trabajar, atender nuestros negocios, crear empleos, llevar sustento a nuestras familias, incluso estudiar o tener alguna recreación, que cada vez son más difícil realizar sin que sintamos temor a ser víctimas de algún delito.

El sentimiento de inseguridad está constantemente en aumento, y tiene bases sólidas, toda vez que el incremento de la actividad delictiva es incuestionable, incluso las ejecuciones recorren nuestro territorio: el cuatro de marzo en Tabasco y Veracruz, el tres en Casas Grandes, el dos en Cancún, sumadas las narco-mantas, algunas de las cuales tenían amenazas a nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, aunque es el mandatario con mayor legitimidad en la historia moderna del país, y así día tras día podríamos mencionar tragedias en lo que va del año, como sucede desde sexenios anteriores; el panorama actual es en gran parte, resultado de acciones fallidas del pasado.

Independientemente de la causa de ese escenario, el dos mil diecinueve tuvo comienzo violento: tan sólo en enero el Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó al menos dos mil ochocientas cincuenta y tres víctimas de homicidio doloso en el país. Es por esto que seguridad es una de las más grandes demandas a la cuarta transformación y, si ahora no se consigue, lo será para las administraciones posteriores, por lo que resulta necesario presenciar la toma de decisiones y las acciones dirigidas a abatir este mal endémico.

Advertimos que la creación de la Guardia Nacional es uno de los primeros mecanismos que servirán a la nueva administración federal para el combate a la delincuencia a fin de pacificar al país, e independientemente de las criticas y el debate generado en su entorno, esperamos que su implementación sea exitosa y nos permita ver resultados positivos. La tarea es difícil, pero todos debemos trabajar para llevarla al cabo, pues vivir en un país pacífico y seguro es deseo de todos los mexicanos.

El dictamen que dará vida a la Guardia Nacional fue aprobado en la Cámara de Senadores el pasado 21 de febrero mediante reforma a los artículos 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76 y 89 constitucionales, y su punto medular es la creación de esa institución, nueva en materia seguridad pública, y la creación del sistema nacional de información de seguridad pública a cargo de la Federación, al que ésta, las entidades federativas y los municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia.

La Guardia Nacional será institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría Seguridad Pública y colaborará con las entidades federativas y municipios a salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia.

La formación y el desempeño de sus integrantes se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y, en lo conducente, a la perspectiva de género.

Su estructura orgánica y de dirección, así como las bases de la coordinación con las demás instituciones de seguridad pública y los otros niveles de gobierno, serán reguladas por las leyes que deberá expedir el Congreso de la Unión dentro de los sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, y para que esto suceda debe de ser aprobado por la mayoría de las legislaturas locales.

El decreto ya ha sido aprobado en algunos estados y su promulgación parece inevitable, lo cual recibiremos con beneplácito porque mediante su implementación exitosa, dicho ente contribuirá a la fortaleza del Estado de Derecho y al respeto de los derechos y libertades individuales de cada uno de nosotros, nos llevará a tener la paz y seguridad que necesitamos en nuestro día a día, que es lo que busca el nuevo régimen

Así es el Derecho.

Ejecución de sentencias

Magistrado Élfego Bautista Pardo


Elfego Bautista PardoLa impartición de justicia, que resulta de someter los conflictos de particulares a juicios ante tribunales previamente establecidos y leyes generales, es una de las labores más importantes del Estado, es herramienta indispensable para alcanzar la paz social y el orden público; sólo con ella se puede evitar que los ciudadanos hagan justicia por su propia mano, el imperio de la ley del más fuerte y la Ley del Talión.

Pese a la importancia de la impartición de justicia, el hecho de sustanciar un procedimiento ante tribunales hasta que se dicte sentencia conforme a ley y en respeto a los derechos humanos, algunas ocasiones resulta insuficiente para restituir al ciudadano el goce pleno de sus derechos, pues para que el individuo alcance su pretensión, la sentencia que se dicte en el juicio debe ser ejecutada, es decir el justiciable debe estar en la posibilidad de obtener todo aquello que demandó y que el juez le otorga.

La ejecución de sentencia corresponde al juez que sustanció el procedimiento en primera instancia y, dependiendo de la naturaleza del juicio, una vez que la determinación judicial es firme, es decir ya no admite recurso alguno, debe realizarse una serie de pasos para la satisfacción total de la misma; varios de ellos están definidos específicamente por la ley procesal.

Si la sentencia condena al pago de cantidad líquida, se procede al embargo de bienes, y si éstos son dinero, sueldos, pensiones o créditos realizables en el acto, como efectos de comercio o acciones de compañías que se coticen en la Bolsa, se hará el pago al acreedor inmediatamente después del embargo; si no estuvieren valuados anteriormente, pasarán a avalúo y venta en almoneda pública.

Cuando la determinación judicial condena a hacer alguna cosa, el juez otorga al condenado un plazo para el cumplimiento, según las circunstancias del hecho y de las personas, y en caso de incumplimiento puede usar medidas de apremio o comisionar a alguien más para que lo haga, y si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o la celebración de un acto jurídico, el juez puede ejecutarlo.

Si la sentencia condena a rendir cuentas, el juez indicará al obligado un término prudente y ante quién hacerlo; si condena a dividir una cosa común y no da las bases para ello, se convocará a los interesados a una junta para que en la presencia judicial las determinen o designen un partidor, y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el juzgador designará a persona que lo haga y señalará a ésta el término prudente para que presente el proyecto partitorio.

En caso de que la condena sea “no hacer”, la infracción será motivo de pago de daños y perjuicios al actor. Cuando en virtud de la sentencia debe entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a poner en posesión de la misma a la parte que corresponda o a la persona en quien fincó el remate aprobado, practicando a este fin todas las diligencias conducentes que solicite el interesado. Si la cosa fuere mueble, al actor o al interesado indicado por la resolución se le mandará entregarlo; si se resistiere lo hará el actuario, quien podrá emplear el uso de la fuerza pública y aun mandar romper las cerraduras.

Aunque hay disposiciones legales para el cumplimiento de las sentencias y el juez cuenta con mecanismos para hacer obedecer sus determinaciones, la realidad es que miles de personas se niegan a cumplir voluntariamente las que les condenan, y la existencia de recursos y formalismos llevas muchas veces a que el procedimiento de ejecución sea incluso más largo que el propio juicio.

Las dificultades de ejecución se acrecientan en los casos que traen aparejados lanzamientos, en los cuales es necesaria la participación de la fuerza pública, misma que suele identificarse por la presencia de personal del cuerpo de granaderos en las diligencias, la que ya no se da en esta ciudad porque la jefa de gobierno decidió suprimirlo, y el justiciable y el actuario quedan sin el auxilio en diligencias riesgosas y necesarias, pese a que es obligación de la Secretaría de Seguridad pública el prestarlo al personal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Ahora que se ha extinguido el cuerpo de granaderos, deben tomarse las medidas pertinentes para que otros elementos de dicha Secretaria coadyuven de manera efectiva con el Poder Judicial y el justiciable a la ejecución de las resoluciones judiciales, lo que requiere esfuerzo de todos, pues no se puede dejar toda la carga al ciudadano y el Estado que imparte justicia debe de ser capaz de hacer cumplir sus determinaciones, pues es el único que ostenta el uso legítimo de la fuerza.

Debemos tener presente que cuando falla el apoyo de la fuerza pública o cancelan la acción antes o el mismo día, el justiciable queda con la obligación de cubrir sus honorarios a todos los “cargadores” que asistieron a la diligencia, aunque no se efectúe el lanzamiento.

Para mantener el Estado de Derecho es necesaria la participación conjunta de todas las instituciones, y una forma de conseguirlo es garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales, pues sólo mediante justicia efectiva el ciudadano continuará creyendo en las instituciones y en la necesidad de un Estado que dirima las controversias y le restituya el goce de sus derechos.
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La Comisión Reguladora de Energía

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoRecientemente comparecieron ante la Cámara de Senadores cuatro ternas de candidatos propuestos a titulares de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Los legisladores consideraron que ninguno de los candidatos cubría los requisitos legales para el caso, o no contaban con los conocimientos necesarios para el cargo.

Así provocaron controversias que llevaron a primera plana de los medios a dicho ente, del que realmente poco se conoce y ahora resulta oportuno referirnos a él.

La CRE tiene su origen en el artículo veintiocho constitucional, como organismo regulador en materia energética coordinado con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.

Su finalidad en materia de hidrocarburos y de electricidad es fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

Sus facultades en materia de hidrocarburos son la regulación y otorgamiento de permisos para el almacenamiento, transporte y distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos.

En materia de electricidad se encarga de la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, las tarifas de porteo para transmisión y distribución, además de las tareas que le encomiendan las leyes de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), de Hidrocarburos, de la Industria Eléctrica, de Transición Energética, General de Cambio Climático y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Su autoridad máxima es Órgano de Gobierno integrado por siete comisionados que son presidente, secretario ejecutivo y los responsables de la oficialía mayor y las unidades de Planeación y Vinculación, de Asuntos Jurídicos, de Gas Natural, de Gas Licuado de Petróleo, de Petrolíferos y de Electricidad y Órgano Interno de Control, con las oficinas que se estime necesarias para el desempeño de sus atribuciones.

Los comisionados son designados escalonadamente cada siete años, con posibilidad de ser designados nuevamente, por única ocasión, para un periodo igual. Para relevar a cada comisionado, el Presidente de la República someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual tiene plazo de treinta días para, previa comparecencia de los individuos propuestos, nombrar al funcionario mediante voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.

Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
En caso de que la Cámara rechace a la terna, el jefe del Ejecutivo le presentará otra, y si también la rechaza, ocupará el cargo quien dentro de dicha terna, designe el Presidente.

Los requisitos para ocupar el cargo son ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, tener buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión, poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías o ciencias relacionadas con las actividades del sector energético, haberse desempeñado al menos cinco años en forma destacada, en actividades profesionales, de servicio público o académicas afines; no haber sido secretario o subsecretario de Estado, procurador general de la República, senador, diputado federal o local, gobernador o jefe de gobierno, y no haber ocupado, durante el año previo a su designación, ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas sujetas a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

El mismo procedimiento y requisitos son para designar al comisionado presidente.

Actualmente hay vacantes cuatro puestos de comisionados y, dados los requisitos a cubrir, de los elegidos se espera entrega completa al servicio público, para el bien de la nación.

Así es el Derecho.

Imprescindible, el imperio de la ley

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoPor fin el lunes pasado los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) levantaron el bloqueo de vías férreas en Uruapan, Michoacán, que duró veintiocho días, afectó a diecisiete estados y evitó el paso de trescientos cuarenta trenes con siete mil vagones. Por esa obstrucción a las vías federales de comunicación, la empresa Kansas City Southern México solicitó que se abra la averiguación previa correspondiente.

Si bien mediante dicho bloqueo los miembros de la CNTE ejercieron el derecho de manifestación y libre expresión que todos los ciudadanos tenemos, y demandaron respeto a sus legítimas pretensiones, causaron daño económico calculado en más de veinticinco mil millones de pesos e incurrieron en presunta responsabilidad por un delito federal sancionado por la Ley de las Vías Generales de Comunicación y el Código Penal.

El Código Penal contiene la posibilidad de imponer una pena de dos a veinte años de prisión a quien entorpezca vías de comunicación ilícitamente, y la Ley de las Vías Generales de Comunicación estipula tres meses a siete años de prisión y multa de cien a quinientas veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica del Distrito Federal (no se ha modificado) a quien interrumpa o deteriore los servicios que operen en las vías generales de comunicación o los medios de transporte.

Las autoridades federales y estatales involucradas a escala federal y estatal dejaron de lado la posibilidad de iniciar procedimiento penal a los presuntos responsables, incluso el Presidente López Obrador habló de mecanismos improcedentes, como el caso de la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, la cual se declaró públicamente incompetente, ya que ésta sólo formula recomendaciones públicas no vinculatorias a servidores públicos, que pueden aceptarlas o no, siempre y cuando funden, motiven y hagan pública su actitud.

En este contexto es necesario recordar que clamar por el respeto a la ley y hablar del imperio del Estado de Derecho va más allá de ser simple discurso o capricho de abogados, políticos y burócratas, pues ambos conceptos están íntimamente relacionados con la subsistencia de la vida en comunidad, el respeto a los derechos humanos y la cordial interrelación que el hombre, gregario por naturaleza, sostiene día a día con sus comunes, y que en pleno siglo XXI solamente puede ser perpetuada mediante la firme intervención del Estado.

Sólo el Estado tiene el monopolio de la violencia física legítima aludida por Hobbes y Marx, y puede y debe aplicar acciones y políticas para asegurar su subsistencia y la prevalencia de las decisiones políticas fundamentales traducidas en leyes que le dan vida, de las cuales la más importante es la Constitución.

Desde luego, cada acción que el gobierno realice para garantizar los derechos humanos y defender las disposiciones constitucionales debe aplaudirse y respetarse pese a los disgustos que puedan causar, como es el combate frontal de la Cuarta Transformación de la Vida Pública al robo de combustible (huachicol), de increíble magnitud y perjuicio a la nación, el cual, aunque provoca incomodidades en diversos estados del país, ha encontrado crecientes simpatía y apoyo popular.

La misma firmeza con que se actúa contra ese delito debe esperarse o pedirse en todas las decisiones que se tomen para enfrentar las acciones que atenten contra el orden y las prerrogativas civiles, pues durante los meses que duró su campaña en pos de la Presidencia de la República y en los discursos que hasta el día de hoy ha pronunciado, al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador le hemos escuchado la promesa de que nadie está ni estará por encima ni al margen de la ley.

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Huelga

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoUn tema sumamente controversial en las últimas semanas es la huelga en cuarenta y cinco maquiladoras de Tamaulipas, de las cuales al día de hoy cuarenta y una han aceptado aumentar 20 por ciento al salario y dar un bono a los trabajadores, pese a que en trece ya habían sido declaradas inexistentes.

Esta buena noticia para los sindicatos vino acompañada del lastimoso anuncio del cierre de quince de ese tipo de factorías en el estado y, por lo tanto, la pérdida de cientos de empleos; ese movimiento laboral puso en riesgo la existencia de algunas empresas y el empleo en esa esa entidad.

Este acontecimiento nos lleva a reconocer la necesidad de referirnos a los conceptos jurídicos relativos a la huelga, recurso de los trabajadores para reivindicar sus derechos y tratar de nivelar el desequilibrio tan grande entre los factores de producción. Los sindicatos, que deben procurar la capacitación y mejora de vida de sus agremiados, pero también su productividad y el desarrollo de su fuente de trabajo, tienen la facultad de hacer los emplazamientos correspondientes.

La huelga se considera lícita o existente cuando su objetivo es armonizar los derechos del trabajo con los del capital; puede abarcar a una empresa o a una o varias de sus sucursales y debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo, la firma o revisión del contrato colectivo de trabajo y de contrato-ley según el caso; exigir su cumplimiento cabal en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado parcial o totalmente.

Los procedimientos de huelga deben asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de los trabajadores y los patrones, garantizando los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y certeza en firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.

La huelga es mecanismo por excelencia para lograr aumentos salariales y mejora de condiciones laborales, incluso suele utilizarse como presión política y según el ámbito que afecte, puede impactar en la sociedad en general y dividirla en quienes la apoyan y quienes la censuran.

Por lo anterior, aunque se tenga un enfoque netamente pro trabajador y a favor de mejoras sociales que mermen la desigualdad en el país, debemos reconocer las deficiencias de la legislación que norma este procedimiento, como el hecho de que cualquier sindicato pueda emplazar a huelga a una empresa e incluso suspender labores sin necesidad de acreditar que sus agremiados trabajan para ella, y que no existan mecanismos de ejecución contundentes para levantarla inmediatamente después de que es declarada inexistente o ilícita.

Hasta antes de la reforma de dos mil diecisiete las juntas de conciliación y arbitraje, es decir, los tribunales responsables de conocer del proceso jurídico de huelga, podían requerir al sindicato emplazante que acreditara que sus agremiados laboraban en la empresa, aportando nombres y presentando documentos; actualmente la Ley Federal del Trabajo es muy laxa en cuanto a los requisitos para el emplazamiento a huelga, lo que debería replantearse si se busca dar certeza a las inversiones y estimular las fuentes de empleo.

Siempre he estado a favor de políticas para mejoría salarial y de condiciones de trabajo y den oportunidades de desarrollo de la propia fuente de trabajo y creación de otras, pues a lo largo de mi carrera tuve la oportunidad de trabajar en favor de mis compañeros en el Tribunal Superior de Justicia, como cuando fui líder del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del entonces DF.

En aquél tiempo logré beneficios para el personal de base y de confianza y hasta para juzgadores. Sin embargo, nunca he soslayado que las fuentes de empleo, los salarios dignos y condiciones laborales decorosas requieren inversiones privadas, de capitalistas dispuestos a arriesgar su dinero en nuestro territorio, así como estabilidad económica y social, aspectos que también debemos atender si deseamos ver al país en desarrollo constante.

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“Huachicol”, delito cruel

Magistrado Élfego Bautista Pardo.

El inicio de año ha sido sumamente controversial por la maniobra del Gobierno Federal contra el robo de gasolina, llamado “huachicol”, y las consecuencias sociales de la resistencia de sus autores intelectuales y materiales -porque les arrienda ganancias increíbles-; que han pasado de dificultades del público para comprar combustible y abastecer el mercado, al criminal estímulo a los vecinos de sitios aledaños a las perforaciones de los ductos, a participar en el delito.

Aunque criticada por los culpables del delito, con eco interesado u oficioso, por parte de los indiferentes a la búsqueda del bien común, del que también disfrutarían, la estrategia puesta en marcha por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene inmenso respaldo social, dada la magnitud del robo, que empezó en el año dos mil y más que se duplicó en los últimos dos, pasando de veintiséis mil barriles al día en dos mil dieciséis, a cincuenta y ocho mil doscientos en dos mil dieciocho, y de las pérdidas que inflige a la nación: treinta mil millones de pesos en dos mil dieciséis, cincuenta mil cien millones de pesos en dos mil diecisiete y sesenta y seis mil trescientos millones en dos mil dieciocho.

Al darse a conocer la inmensidad del latrocinio, la indignación del pueblo no se hizo esperar emparejada con la conciencia de la ingente necesidad de combatirlo hasta eliminarlo.

Desde hace tiempo se sabía del daño al país por ese ilícito, y las penas por su comisión, establecidas en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, fueron aumentadas a mediados del año pasado, de veinte a treinta años de prisión y multa de veinte mil a veinticinco mil veces el valor de la Unidad de medida y actualización (UMA) vigente para la sustracción y aprovechamiento de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin tener derecho ni consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien disponga de ellos con arreglo a la ley.

La compra, enajenación, comercialización, transporte, almacenamiento y otras conductas ilegales ameritan penas menores, que van desde cuatro hasta diecisiete años de prisión según el volumen del combustible sustraído.

Si bien esas conductas antisociales están tipificadas y sancionadas con penas privativas de libertad, no desaparecen, máxime porque generan ganancias tan grandes, como el “huachicol”, por lo que las acciones para contrarrestarlas no son sencillas y, se vislumbra, su aplicación requerirá buen tiempo.

Ya se han dado a conocer sus resultados: más de cuatro millones de barriles de gasolina asegurados, mil veintiún tomas clandestinas detectadas y neutralizadas, veintinueve cateos, cuatrocientas treinta y cinco personas detenidas, mil ochocientos treinta y un carpetas de investigación abiertas y noventa y siete judicializadas, ciento sesenta y cinco personas puestas a disposición de la autoridad judicial; ciento veinticuatro personas vinculadas a proceso y cuarenta cinco en prisión preventiva, y bloqueo de cuentas bancarias de empresas vinculadas a dicho ilícito.

Se nos han dado números, pero están en el aire hay muchas dudas y expectativas acerca de lo que vendrá: ¿qué sucederá con los bienes relacionados con este ilícito en caso de ser considerados para la extinción de dominio?, ¿serán enajenados o adjudicados al gobierno?, ¿qué pasará si algún involucrado tiene fuero?, ¿se iniciará el procedimiento de declaración de procedencia?, en caso de detenerse los robos de combustible ¿en cuánto tiempo verá la nación el beneficio económico?

Es oportuno hacer un paréntesis para mencionar que la extinción de dominio es un procedimiento para la pérdida de los derechos sobre bienes, objetos, fruto y productos que sean instrumentos, objeto o producto del delito y/o hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes derivados del delito, o sean utilizados para la comisión de delitos por un tercero.

Los bienes sobre los que sea declarada la extinción de dominio o el producto de la enajenación de los mismos son adjudicados al Gobierno Federal y puestos a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para su destino final.

Continuaremos como testigos de más acciones contra el robo de combustible, delito también cruel para lucrar sin medida, y esperamos que logren erradicarlo, pues además de lesionar en muy alto grado la economía nacional, pone en riesgo la vida de miles de personas, como lo vimos el pasado viernes con la tragedia ocurrida en Tlahuelilpa, Hidalgo, la cual lamento profundamente como mexicano y, además, oriundo de ese bello estado de la República.

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Plaguicidas contra Derechos Humanos

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Élfego Bautista PardoEl uso de plaguicidas, fertilizantes, insecticidas y otros químicos empleados en la agricultura en prácticamente todo el mundo, aunque pueden ser nocivos para el medioambiente, la biodiversidad y la salud de las personas y porque provocan malformaciones congénitas, es realidad incuestionable que conocemos mediante artículos, documentales, denuncias ciudadanas e incluso de manera directa en el campo mexicano.

En diversos países se prohíbe el uso de los altamente peligrosos, sobre todo los orgánicamente persistentes; incluso se han firmado tratados internacionales contra su aplicación, como el Convenio de Estocolmo, que protege la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes, promueve mejores prácticas y tecnologías para reemplazarlos y previene su desarrollo mediante el fortalecimiento de las legislaciones nacionales y la instrumentación de planes nacionales de implementación. Este convenio fue firmado por México el veintitrés de mayo de dos mil uno y ratificado el diez de febrero de dos mil tres.

También existe el Código internacional de conducta para el manejo de plaguicidas de la FAO, de la cual el país es parte desde su fundación, que es de los primeros códigos de conducta voluntarios para conseguir mayor seguridad alimentaria y, al mismo tiempo, proteger la salud humana y el medio ambiente.

Dicho código plantea la necesidad de un esfuerzo de cooperación entre los gobiernos y los países exportadores e importadores de plaguicidas, para promover prácticas que reduzcan al mínimo los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente asociados con plaguicidas.

No obstante, y pese a que el país es parte de esos tratados que lo comprometen a controlar el uso de plaguicidas y que se tiene conocimiento de los daños que algunos de esos químicos causan a la salud humana y al medio ambiente, al día de hoy en el sistema jurídico mexicano no existe normatividad para prohibirlos o, en su caso, prever su reemplazo por otros menos dañinos, lo que pone en riesgo derechos humanos de los ciudadanos.
Esa carencia persiste a pesar de que en el año dos mil diecisiete fueron promovidas cuarenta y tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la falta de acciones administrativas, normativas y políticas públicas para la restricción de pesticidas altamente peligrosos que afecten directamente los derechos humanos de la población.

Por esas quejas la CNDH emprendió una investigación, al cabo de la cual acreditó la responsabilidad institucional de las dependencias y autoridades involucradas en la protección de la salud y el medio ambiente, ya que la regulación del uso, manejo y distribución de plaguicidas y la vigilancia no es la adecuada para garantizar los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a medio ambiente sano y a la salud.

Por esa grave omisión, en el agro nacional se emplean sustancias tóxicas y peligrosas prohibidas desde hace tiempo en otros países, y algunas de ellas están incluidas en tratados internacionales que restringen o prohíben su uso.

Las dependencias responsables de esa grave omisión son las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a las que mediante la recomendación 82/2018, la CNDH sugiere observar lo dispuesto en los estándares internacionales en materia de plaguicidas, adoptando e incorporando las previsiones en el marco jurídico y política nacional es a fin de asegurar el acceso adecuado a una alimentación segura, al agua potable y el pleno goce del derecho humano a la salud.

La recomendación ha sido aceptada por las autoridades, lo que resulta de gran relevancia, pues los derechos involucrados: alimentación segura, agua potable, protección al medio ambiente y a la salud, son derechos humanos y, por lo tanto, conforman la base fundamental de todo Estado de Derecho.

El Estado mexicano tiene la obligación de protegerlos y garantizarlos mediante acciones de las dependencias correspondientes. Esa tarea va más allá de juicios y tribunales y se requiere cumplirla cabalmente, a fin de que todos podamos gozar plenamente nuestros derechos y libertades.

Así es el Derecho.

NUEVO CICLO EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CDMX

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoEl pasado lunes siete de enero comenzó nuevo año laboral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y fue marco para que el magistrado Rafael Guerra Álvarez rindiera protesta como presidente del Poder Judicial local ante el Pleno de magistrados de la institución, con la presencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Jesús Martín del Campo y los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, Mario Delgado Carrillo y Martí Batres Guadarrama.

Guerra Álvarez, electo el pasado nueve de noviembre mediante votación y escrutinio secretos y en segunda ronda, por mayoría del Pleno del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, egresó de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM especializado en derecho penal, justicia para adolescentes y ciencias forenses, y tiene maestría y doctorado. Por su carrera profesional sobresaliente, especialmente en materia penal, tiene el reconocimiento y respeto del mundo jurídico del país.

Su trayectoria en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es historia de esfuerzo, estudio y tenacidad, desde que ingresó en mil novecientos ochenta y seis como oficial mecanógrafo adscrito al juzgado décimo primero mixto de paz y sexto penal, hasta que fue nombrado magistrado por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal el tres de marzo de dos mil once, y asignado a la séptima sala penal. Antes fue agente del Ministerio Público investigador de la Procuraduría capitalina y en los juzgados tercero y cuarto de distrito.

Al asumir la presidencia del TSJCDMX el magistrado Guerra Álvarez habló de la importancia de que la ciudadanía confíe en el Poder Judicial y que las labores de impartición de justicia atiendan a las demandas de la sociedad, comprometiéndose a impulsar una justicia sin demora ni distingos, lo cual únicamente ocurre si se respeta la autonomía e independencia del juzgador.

Y algo muy trascendente desde el punto de vista humano y de rendimiento en el trabajo que no se daba desde tiempos del magistrado presidente Pedro Rodríguez y Rodríguez: se comprometió a proteger a la BASE TRABAJADORA de nuestro Tribunal, humanizar la función pública e impulsar formación profesional especializada, con alto contenido ético, honestidad y sensibilidad para afrontar las tareas propias del Poder Judicial, además de pronunciarse a favor del servicio civil de carrera judicial y reconocer a los jueces que se han desempeñado con eficiencia.

Son muchos los retos que el TSJCDMX afrontará durante la presidencia del magistrado Guerra Álvarez; él mismo ha identificado metas específicas, como la transición total a la oralidad con mayor claridad y transparencia; la promoción de los medios de justicia alternativa como parte medular de la resolución de conflictos, y la infraestructura para hacer frente a la ampliación de salas y juzgados de nuevas materias, tareas en las cuales, auguro, saldrá victorioso.

Y a propósito de la toma de protesta al magistrado Rafael Guerra Álvarez como presidente del Poder Judicial local, felicito al nuevo miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Juan Luis González Alcántara Carrancá, porque el pasado veinte de diciembre se sumó a larga lista de personajes que han accedido al máximo órgano del Poder Judicial de la Federación para avocarse a la defensa de la Constitución y contribuir a mantener el Estado de Derecho a escala federal, luego de trabajar en beneficio de los justiciables presidiendo el TSJ del entonces Distrito Federal, como Olga Sánchez Cordero, Sergio Armando Valls Hernández, Clementina Gil de Lester, Victoria Adato de Ibarra y Salvador Martínez Rojas.

Al magistrado Rafael Guerra Álvarez y al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá les deseo éxito y los abrazo fraternalmente; enhorabuena.

Así es el Derechon

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