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updated 7:16 PM CDT, May 24, 2018
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Prescripción de la responsabilidad penal

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoElfego Bautista PardoDesde que comencé esta columna de temas relativos a las leyes, he llamado la atención acerca de la gran relevancia del mundo jurídico en la sociedad moderna, pues un sinnúmero de conductas son contrarias al Derecho y hacen necesaria la intervención del sistema legal y aun reformas a ordenamientos jurídicos, a fin de lograr o mantener la preciada paz social y el orden público, que a veces parecen únicamente ideales inalcanzables.
Sin duda las conductas que más alteran a la comunidad son aquéllas de consecuencias en el ámbito penal, es decir, la comisión de delitos que por sí dañan los principios y valores más preciados, como la vida, el desarrollo psicosexual y el patrimonio, y son las que más quedan en la memoria tanto de las víctimas como de su familia y, en general, de cualquier persona que tenga conocimiento del asunto.
Debemos tener presente que aun cuando nos enteremos de conductas anormales o indeseables, los ciudadanos no somos quienes decidimos si son ilícitos, y tampoco lo son los medios de comunicación aunque estos se constituyen en líderes de opinión y sea práctica común que señalen culpables incluso antes de que se hayan concluido las investigaciones correspondientes y éstas sean puestas a criterio de un juez.
La autoridad constitucionalmente facultada para investigar la comisión de los delitos es el Ministerio Público, y también es el único que una vez obtenidos los elementos constitutivos de delito punible penalmente y determinada la probable responsabilidad, puede exigir a autoridad jurisdiccional resolver respecto al ilícito, y se actualiza la facultad punitiva del Estado en caso de requerir condena.
Sin embargo, el ejercicio de la potestad punitiva que subsiste en la vinculación a proceso (antes conocida como acción penal), tiene plazo o término para aplicarse para que no opere la prescripción, palabra que nos es más común cuando hablamos de derecho civil y significa que se extingue la responsabilidad o se adquiere un derecho por el solo transcurso del tiempo.
En el contexto que nos ocupa la prescripción penal significa que ha vencido el tiempo para comenzar el proceso jurisdiccional y el Estado abdica de su potestad punitiva, pues el tiempo anula el interés represivo, apaga la alarma social y dificulta la adquisición de pruebas de la realización del delito.
Existen delitos imprescriptibles en el plano internacional según la Convención adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y ratificada por México en el año 2001, que son los crímenes de guerra y de lesa humanidad, expulsión por ataque armado, ocupación y genocidio,
A nivel interno, el plazo para que opere la prescripción comienza a correr en el momento en que se consumó el delito si es instantáneo; en el momento en que cesó la consumación si es permanente; en el día en que se realizó la última conducta si el delito es continuado; en el momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa; la temporalidad depende del delito de que se trate, pues prescriben en un año los que se sancionan con multa y los que se persiguen por querella; en dos años si merece destitución, suspensión, privación de derechos o inhabilitación.
Para los delitos que merecen pena privativa de la libertad, el plazo para la prescripción depende del término medio aritmético de la pena, es decir el cociente de dividir entre dos la suma de la pena mínima y la máxima aplicable al delito, y para los que perjudican el libre desarrollo de la personalidad, cometidos en agravio de menores de edad, la prescripción se da cuando éstos cumplen mayoría de edad.
La prescripción se interrumpe si la autoridad ministerial practica investigación posterior acerca del delito y del presunto responsable, pero no si lo hace transcurrida la mitad del plazo necesario para aplicarla. Además de la prescripción de la acción penal, existe la prescripción de la pena, es decir que la potestad del Estado para aplicar las sanciones impuestas por sentencia se extingue por el simple transcurso del tiempo, y que se actualiza después de que la sentencia causa ejecutoria
Debido a lo abordado me atrevo a decir que antes de suponer a una persona culpable o inocente de un delito sin que sea encausada, debemos tomar en cuenta que es muy probable que la conducta que le atribuimos no sea ilícita, que no se hayan encontrado elementos para considerarla probable responsable del mismo, e incluso que existe la probabilidad de que haya prescrito la potestad punitiva del Estado.
Además debemos tener muy presente que todos tenemos el derecho humano que es la presunción de inocencia y que sólo el órgano jurisdiccional puede considerar culpable a alguien; esta atribución no la tienen ni los comentarios de pasillo, ni las personas interesadas, ni los medios de comunicación.
Así es el Derecho.