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updated 12:51 PM UTC, Feb 22, 2019
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Gertz Manero va por más sentencias contra ladrones de combustible

México, 15 Ene .- El reto en la lucha emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el robo de combustible es que las mil 700 carpetas de investigación iniciadas se conviertan en procesos y sentencias, señaló el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Al ser entrevistado luego de presentarse ante la Comisión de Justicia del Senado, en el proceso para elegir al nuevo fiscal general de la República, dijo que en la lucha contra el llamado “huachicoleo”, "apenas estamos empezando” y rechazó ofrecer detalles sobre cuántos políticos, empresarios o servidores públicos, ya sean de Petróleos Mexicanos (Pemex) u otras dependencias, se están investigando.

No obstante, aseguró que “son personas que manejaban los sistemas de ductos y en su momento lo informaremos”.

Antes, al presentarse en la Comisión de Justicia, dijo que de 1984 a la fecha, en la Procuraduría General de la República (PGR) hay un rezago histórico de 205 mil averiguaciones previas en trámite y reserva, que siguen vivas y son una muestra de impunidad y corrupción.

Esto se traduce también en 22 mil mandamientos judiciales y órdenes de aprehensión pendientes, que afectan a ciudadanos en lo particular y al Estado en su conjunto; mientras que en el nuevo sistema acusatorio, hay 101 mil carpetas en trámite.

Esto significa que la PGR tiene unos niveles de ineficiencia e improductividad que no se pueden tolerar y por eso la nueva Fiscalía debe arrancar con un plan de persecución penal que abata estos niveles de rezago.

Recordó que al menos 60 por ciento de los delitos que se persiguen son robos a tarjetas de crédito y fluido eléctrico, por lo que hay que reorganizar a la Fiscalía con la unidad especializada con la que ya cuenta, para liberar recursos en el combate a otros delitos.

Se comprometió a que, de resultar electo fiscal, combatirá la corrupción, el feminicidio, la trata de personas, el uso de armas prohibidas y la pornografía infantil, entre otros, además de reconocer a los funcionarios que sí trabajan correctamente.

Gertz Manero consideró que también hace falta capacitar constantemente al personal y actuar con toda transparencia para superar la ineficiencia y el fracaso que ha significado el modelo hasta hoy aplicado.

Durante la sesión de este martes, los candidatos que hablaron ante el Senado coincidieron en la necesidad de mantener la capacitación constante y aplicar la ley sin criterios políticos, así como lograr una Fiscalía independiente.

Al respecto, Ángel Buendía Buendía advirtió que el diagnóstico es simple, pero demoledor: se tiene la percepción de que en México imperan la corrupción, la impunidad y la criminalidad tiene manga ancha. 

En tal sentido, es necesario recuperar el Estado de derecho, generar confianza, implementar un código de ética y reconocer a los buenos elementos, además de brindarles un modo de vida digno, opinó.

Román Ibarra Enciso sostuvo que se requiere un plan integral para perseguir los delitos y establecer una estadística confiable sobre el fenómeno delictivo como insumo.

A su vez, Luis Manuel Pérez de Acha subrayó que en la Fiscalía “no se trata de inventar culpables para inflar estadísticas”, sino de investigar con eficiencia y llevar a los culpables a la cárcel y recordó que muchas veces, las personas de escasos recursos son las que terminan privadas de la libertad, en su mayoría sin ser culpables y ya es hora de que termine esa tendencia, para que la Fiscalía se use para aplicar la ley.

Al término del ejercicio para escuchar a los 12 aspirantes a la Fiscalía que faltaban de comparecer, el senador del Partido Acción Nacional (PAN) Damián Zepeda reconoció el avance de que se aceptara su presentación ante el Senado, aunque lamentó que no pudiera haber diálogo.

En su oportunidad, el senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, sostuvo que en este proceso para seleccionar al futuro fiscal general de la República, el Senado escuchó a los ciudadanos, colectivos y universidades que han manifestado su preocupación por el tema.

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