Una historia de terror...

Por Francisco J. Siller

La sensación de rabia e impotencia que se percibe en la socie­dad mexicana alcan­za límites que rayan en lo intolerable. La inseguri­dad pública que padecemos en los principales centros urbanos del país y la impunidad con que actúa la delincuencia, su­pera ya cualquier expectativa estadística. Se requiere de ac­ciones de fondo, en las que la discursiva demagógica no pue­de ni debe ser tolerada. Nues­tro sistema de impartición de justicia tiene que ser reforma­do desde su raíz para aplicar castigos a los delincuentes, equivalentes al daño que in­fringen a la ciudadanía.

El crimen organizado se ha apoderado de nuestro territorio y ha violentado nuestras vidas, nuestra tranquilidad. Si de nar­cotráfico se trata, sabemos que hay malos funcionarios que siguen protegiendo las operaciones de tráfico y distribución de la dro­ga. Igual ocurre con bandas or­ganizadas que se dedican al ul­traje, secuesto, robo o asesinato. El go­bierno del presidente Calderón está en guerra contra el crimen organizado, ¿pero es suficiente lo que se hace? No se ha quedado con los brazos cruzados y es increíble que sólo hasta ahora se rompiera esa indolencia que caracterizó a los gobiernos anteriores.

La familia mexicana está imbuida en una verdadera his­toria del terror, por la sensa­ción que le causa el saber que no hay sitio seguro donde refu­giarse. Las rejas que cierran calles, y colonias enteras, en las zonas urbanas del país son cada vez más frecuentes. Sin embargo la actitud de autode­fensa que la ciudadanía ha asu­mido, poco o nada le ha valido, porque continúa siendo afecta­da por la incontenible de vio­lencia que generan las activida­des al margen de la ley.

Ahora está de moda la lucha por el respeto a los derechos humanos y los diferentes orga­nismos del área centran sus re­comendaciones buscando co­rregir las anomalías que se dan dentro del ejercicio del poder. Visitan las cárceles del país y consignan una larga lista de anomalías respectó a los dere­chos de los reclusos; de viola­dores, ladrones, defraudores, secuestradores o asesinos. De gente que ha actuado en contra de la sociedad. ¿Hay quien de­fienda los derechos humanos de la ciudadanía que es atrope­llada por la delincuencia? Esa es una interrogante que deben responderse a sí mismos, aque­llos que están al rente de ese ti­po de instituciones y quienes legislan o gobiernan.

En México el índice de im­punidad es altísimo. Como alto es el porcentaje de casos en los que la justicia se declara en una tácita incompetencia, ya sea por un tecnicismo legal o por la carencia absoluta del sentido que esta debe tener pa­ra reconocer la inocencia o la culpabilidad de un acusado. La decisión en ese sentido la apli­ca un juez y no un jurado po­pular. La justicia en México no se aplica muchas veces en for­ma interactiva con la sociedad, sino en contra de ella, y los ejemplos son ya demasiados. Este es un punto sobre el que el Congreso de la Unión debe debatir para mejorar radical­mente la impartición de justi­cia.

La pena de muerte ha sido un punto de amplio debate en los diferentes órganos legislati­vos. Pretendemos ser una so­ciedad moderna que rechaza un mecanismo de ese tipo para combatir al crimen, pero los únicos beneficiados con ello son los delincuentes y que hay leyes que de alguna forma los protegen. Se dice que' unos cuantos años de cárcel pueden pagar o restituir a la sociedad el daño que se le ha causado.. ¿Será eso cierto?

Mientras no exista una in­tención real por renovar nuestra le­gislación penal, las historias de terror que viven los mexicanos todos los días continuarán im­perando. El ataque frontal a la delincuencia quedará relegado a un plano secundario. Las ca­lles de zonas residenciales se­guirán cercándose y la pobla­ción continuará acumulando ese sentimiento de rabia e im­potencia que queda después de cada una de las agresiones que a diario se presentan. La dema­gogia discursiva de la autori­dad seguirá siendo el único es­cudo de cartón que nos quede para defenderlos de las balas asesinas que nos amenazan.