Entre la democracia y los narcocapitales

Por Francisco J. Siller

Es importante vigilar a candidatos y partidos políticos en sus gastos de campa­ña, y el Instituto Federal Electoral -que ya cumplió 20 años de operar- realmente cuente con mecanis­mos de fiscalización eficientes para que el gasto que éstos efectúen sea absolutamente transparente. Tan primordial como lo anterior, es que se vigile muy de cerca el origen de las fuentes externas de subvención que proporcionan recursos económicos a los candidatos, para evitar el uso de dinero malhabido o ilegal en la lucha electoral.

Debemos estar alertas al peligro que existe de que cárteles de la droga aporten grandes cantidades en favor de las campañas políticas, un supuesto que se vuelve realidad lacerante cuando tenemos el ejemplo de Julio César Godoy Toscano. Hoy le toca al PRD estar en el ojo del huracán Sin embargo, esta amenaza no deja exento a ningún partido, mayoritario o no, en el poder o fuera de él.

Desde luego que debe vigilarse también muy de cerca a aquellos que pretenden un cargo de elección popular. Los partidos no deberían dudar en descartar a aquellos que pudiésen tener nexos con el narcotráfico y la delincuencia organizada. El Sol Azteca dejó pasar la candidatura de Godoy Toscano, Quizá fue por omisión, o ¿sería por la ntervención de su medio hermano, el gobernador de Michacán?. Tanto Peca el que mata la vaca, como el que le detiene la pata.

Qué la ciudadanía tenga claro de dónde viene el dinero que gastan los candidatos a puestos de elección popular es saludable, pero más sa­ludable es que éstos respondan exclusivamente al deseo de sus electo­res y no a vocaciones que van en contra de los deseos de las comuni­dades. Por eso la fiscalización del gasto es indispensable. El Go­bierno financia en su totalidad las campañas para imposibilitar el ac­ceso a fuentes diferentes de finan­ciamiento, pero ello no impide que los cárteles de la droga den dinero para asegurarse posiciones entre legisladores corruptos, como el caso que vivimos ahora.

Si los partidos políticos deben vivir o no de los impuestos que pa­gan los mexicanos, o si se deben buscar mecanismos diferentes de financiamiento, es una tarea que es responsabilidad del Instituto Federal Electoral, que en uso de su autonomía debe buscar los mejores caminos para satisfacer los deseos de llegar a una democra­cia plena. Hoy nuevamente se hace necesaria una Reforma Política en que garantice que los narcocapitales quedarán fuera de los partidos y sus candidatos, porque de otra manera se estaría violando el espíritu que debe predominar en el avance democrático al que aspira­mos los mexicanos.

A veces la situación parece que no es cuestión de democracia, sino de intereses de poder económico y político, de impunidad en el actuar. ¿Quién puede estar más dispuesto a invertir en un candidato a un pues­to de elección popular, más que aquel que detente un interés oscuro por capitalizar favores futuros? La ley electoral contempla la fiscalización de los gastos de los partidos, pero deben erradicarse los viejos vicios que aún imperan y que afectan el desempeño de la democracia.