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Las agresiones y atentados contra periodistas deben ser recategorizados como crímenes de guerra, sentenció el diputado federal Javier Corral Jurado, quien adelantó que la Cámara de Diputados aprobó 40 millones de pesos de recursos federales para dar protección a 17 comunicadores con reporte de riesgo, dos de ellos chihuahuenses.
En el contexto de la denominada guerra contra el narcotráfico, el legislador indicó que la actividad de los periodistas mexicanos y jueces debe ser replanteada para buscar medidas cautelares para salvaguardar su integridad.
Y es que indicó que los periodistas no pueden permanecer en casas de seguridad para protegerlos, porque entonces se cumple el objetivo de las amenazas. Habló de establecer medidas como cámaras de vigilancia en sus hogares, GPS en automóviles, localizadores, medidas de seguridad cibernéticas, que les permitan continuar con su labor y aminorar el riesgo.
Durante la conferencia "Presupuesto federal aprobado en el Congreso para Protección de Periodistas", que ofreció a comunicadores chihuahuenses en el Museo de la Lealtad Republicana "Casa Juárez", Javier Corral precisó que si México vive una guerra. Los atentados y agresiones a los periodistas y medios de comunicación deben ser considerados "crímenes de guerra".
Sin embargo, lamentó la ausencia de normas legislativas para la protección de los reporteros. Y es que México ocupa el lugar 179 en el ránking mundial, en términos de garantía de protección a los comunicadores.
El diputado federal confirmó el diagnóstico de impunidad en el país en cuanto a agresiones y asesinatos de periodistas, el cual calificó de brutal, porque ningún crimen reciente ha sido esclarecido ni han castigado a los responsables. En el caso de Armando Rodríguez "El Choco", la declaración del presunto culpable fue "sacada" bajo tortura, indicó.
Asimismo, Corral Jurado se pronunció por que los delitos contra periodistas sean federalizados y que las leyes impongan a la empresa la responsabilidad de proteger a sus periodistas.
En cuanto al presupuesto para protección a periodistas, el diputado opinó que el grupo señalado requiere un promedio de un millón de pesos cada uno para reforzar su seguridad. Los recursos serían destinados a adquirir e instalar equipo de circuito cerrado en su empresa, en su vivienda, servicio GPS para su vehículo, y en general para mejorar sus condiciones de infraestructura física, seguro de vida y otras medidas cautelares.

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