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Once años al servicio de la verdad

Martes, 22 de mayo de 2012 | Año XI | Número: 4193
Directora General: Rocío Castellanos Rodríguez

Promueve PRI castración química a violadores

 

Israel Betanzos, coordinador del grupo parlamentario del PRIIsrael Betanzos, coordinador del grupo parlamentario del PRIAnte el pleno de la Asamblea Legislativa, Israel Betanzos, coordinador del grupo parlamentario del PRI, presentó una propuesta de reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal para implementar el tratamiento de inhibición sexual, mejor conocido como castración química, mientras el violador cumpla con su pena de cárcel.

Entre los principales puntos de esta iniciativa destaca que los violadores podrán atenderse en el Centro de Atención para Delincuentes Sexuales y en caso de reincidencia, el tratamiento será obligatorio.

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos más de 120 mil mujeres son violadas en México cada año; el 30% de las violaciones sexuales se cometen en la vía pública y un 70% la realizan personas cercanas a la víctima.

Quienes sean sentenciados por violación no podrán ser beneficiados de la semilibertad; en tanto, la Secretaría de Salud del DF deberá planear, organizar, operar y controlar el funcionamiento de este Centro de Atención para Delincuentes Sexuales.

Este órgano deberá contar con un grupo de médicos expertos en los tratamientos de inhibición sexual, los cuales decidirán el tratamiento, el método y los fármacos a utilizar; el sancionado financiará con sus propios recursos los fármacos que se decidan.

El fármaco que se recomienda para este tipo de casos es el Depo Provera, el cual actúa directamente para bloquear la producción de testosterona del organismo durante seis meses e influye en la glándula hipófisis en el cerebro.

Se creará el Registro local de delincuentes sexuales, con fotografía, nombre, dirección, ocupación, delito cometido y pena o sentencia, así como perfil psicológico debidamente suscrito por un especialista en psicología, huellas biológicas (ADN) y huellas dactilares del sentenciado.

Dicho registro deberá ser elaborado en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP-DF) y la Procuraduría capitalina (PGJDF).

 

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