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Martes, 25 de julio de 2017 | 05:51 | Año XVII | No: 6082 | CEO: Francisco J. Siller | Directora General: Rocío Castellanos
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Reforma relativa a enfermedades y accidentes de trabajo

Magistrado Élfego Bautista Pardo

Elfego Bautista PardoEn la colaboración anterior me referí a las reformas constitucionales en materia de justicia laboral y los principios de “representatividad de las organizaciones sindicales” y la “certeza en la firma de los contratos colectivos”, y me comprometí a revisar la que desincorpora de la Ley Federal del Trabajo la tabla de enfermedades de trabajo, que tanta controversia ha causado. Lo prometido es deuda que ahora saldamos.
Antes de entrar en materia y revisar la reforma votada y aprobada por la Cámara de Diputados el pasado veintiuno de febrero y que al día de hoy se encuentra en el Senado para su discusión y eventual aprobación, es necesario saber qué es una enfermedad de trabajo, así como la forma en que actualmente se regula esa materia en el ordenamiento jurídico federal correspondiente.
Como se sabe, la Ley Federal del Trabajo, que rige las relaciones entre los factores de la producción, incluidos los servidores públicos -apartado B-, prevé que en ejercicio o con motivo del trabajo, los trabajadores estarán expuestos a accidentes y riesgos (enfermedades) de trabajo, y la forma de compensarlos.
La diferencia entre ambos sustantivos es que el primero se aplica cuando se sufre lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, aun la muerte, en ejercicio o con motivo del trabajo, con independencia del lugar o tiempo en que suceda, es decir que sea durante el traslado del domicilio del trabajador al lugar del trabajo y durante su desempeño, o de regreso, y enfermedad de trabajo es un estado patológico cuya causa es el medio en que se prestan los servicios.
Los riesgos de trabajo y accidentes pueden producir incapacidad temporal, es decir la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita durante algún tiempo a una persona para cumplir su tarea; incapacidad permanente parcial, o sea la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar; incapacidad permanente total, la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida, y la muerte.
Cuando un trabajador sufre incapacidad por riesgo de trabajo, tiene derecho a indemnización –la que se busca reducir-, que se le paga directamente y tiene como base para su cálculo el salario diario que percibe, y nunca puede ser menor al salario mínimo. De aquí la relevancia de saber cuáles son las enfermedades de trabajo, pues éstas son un tipo de riesgo; hasta el día de hoy se consideran enfermedades de trabajo las contenidas en la tabla incluida en el artículo 513 de la ley de la materia, que es un listado de ciento sesenta y un enfermedades que pueden ser consideradas como riesgo y, por lo tanto, como he dicho, son motivo de indemnización al trabajador.
Hasta ahora la actualización de la tabla de enfermedades del trabajo compete a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la Comisión consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual dicha dependencia debe hacer investigaciones y estudios que le sirvan de base, incluso para procesos legislativos como el emprendido por el Presidente de la República conforme a su facultad de iniciativa de ley.
La reforma aprobada por la Cámara de Diputados pretende que la atribución para actualizar la tabla de enfermedades de trabajo y la de valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, sea exclusiva del Presidente de la República, y que tanto la emisión como su actualización sea sin pasar por un proceso legislativo, y va más allá considerando también como facultad exclusiva del titular del Ejecutivo emitir ambas tablas, es decir desincorpora la actual tabla de enfermedades de trabajo previstas en la ley reglamentaria del apartado A del artículo 123 de la Constitución.
Por cuanto hace a las tablas de valuación de las incapacidades permanente resultantes de los riesgos de trabajo, debemos aclarar que no se encuentran en la Ley Federal del Trabajo; es más: no existen, aunque la reforma de 2012 facultó al secretario del Trabajo y Previsión Social para que en un plazo de seis meses a partir de la publicación de la reforma, expidiera nuevas tablas, lo que no aconteció e implica que la prima en el seguro de riesgos de trabajo se siga determinando conforme a la mecánica para el cálculo de las cuotas obrero patronales.
Si esa reforma aprobada recientemente en la Cámara Baja lo es también por el Senado y los Congresos locales y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el Presidente de la República deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, en un término de seis meses a partir de su entrada en vigor.
Si bien para la actualización y emisión de ambas tablas el Presidente deberá tener el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la participación y opinión de los representantes de los sectores obrero y patronal en la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, no deja de merecer la atención el que una facultad tan importante para millones de empleados en el país, se deposite en una sola persona.
Así es el derecho.

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